Ceuta descarta implantación planta de biodiesel por informes desfavorables

Posted on Jueves 5 Agosto 2010

El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas (PP), ha descartado la implantación en la ciudad de una planta de biodiesel al estimar que existe una serie de informes que la han desaconsejado.

En declaraciones a los periodistas, Juan Jesús Vivas ha afirmado que el motivo fundamental es la “escasa distancia” de esta instalación con núcleos urbanos en los que hay viviendas y colegios cercanos.

Juan Jesús Vivas ha dicho que los informes se han realizado “de manera concienzuda, incluso con la aportación de alguna consultoría externa”.


En este sentido, ha aclarado que el Gobierno ceutí “no está en contra de una iniciativa que traiga inversión y genere actividad y empleo, lo cual es absurdo, pero sí hay informes desde el punto de vista medioambiental y de la salud pública que no se puede eludir”.

Por ello, ha dicho: “por muy importante que sea cualquier iniciativa empresarial si la comparamos con la importancia que tiene la seguridad de los ciudadanos no cabe duda de que ésta ocupa un lugar mucho más prioritario”.

Por su parte, la empresa Biocarburantes del Estrecho, que fue adjudicataria de dicho procedimiento, ha señalado en un comunicado que el proyecto suponía la mayor inversión de capital privado en la historia de la Ceuta al ascender a unos 72 millones de euros.

Según la empresa, el proyecto situaba a Ceuta como un enclave estratégico mundial en el almacenamiento logístico de Hidrocarburos y como líder de esta actividad entre los puertos del Estrecho.

La empresa ha asegurado que recurrirá la decisión de la Ciudad de Ceuta puesto que los argumentos técnicos que se interponen para cancelar el proyecto. EFE

2 comentarios para 'Ceuta descarta implantación planta de biodiesel por informes desfavorables'

  1.  
    5 Agosto 2010 | 9:32 pm
     

    Les paso un listado de proveedores de biodiesel y bioetanol

  2.  
    Tano
    10 Agosto 2010 | 12:14 pm
     

    He leído las noticias de prensa sobre los informes desfavorables vinculantes de los servicios técnicos de la Ciudad Autónoma de Ceuta que, tras casi dos años de trámites, han desaconsejado finalmente al Gobierno local –por la escasa distancia a núcleos habitados– la instalación de la planta de biodiésel en terrenos de la Autoridad Portuaria de Ceuta, quien adjudicó su concesión en junio de 2007 [BOE de 19-07-07].
    También he leído las declaraciones de la empresa promotora (Biocarburantes del Estrecho S.L.), cuyos representantes denotan su sorpresa por el cambio de actitud de dicho Gobierno y anuncian acciones legales contra la Administración ceutí.
    Todo ello me induce a una reflexión en torno a la legislación vigente y aplicable en la Ciudad Autónoma de Ceuta que paso a comentar.

    El Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas [RAMINP] fue aprobado hace casi 50 años con el objeto de evitar que las instalaciones, establecimientos, industrias y almacenes –denominados genéricamente actividades– produjeran incomodidades, alteraran las condiciones normales de salubridad e higiene del medio ambiente y ocasionaran daños o implicaran riesgos graves para las personas o los bienes públicos y privados.
    El correspondiente Decreto 2414/1961 incluyó como anexo un nomenclátor de dichas actividades calificadas y, dos años más tarde, fue desarrollado mediante una instrucción [O. 15-03-63] que dictaba una serie de normas de aplicación y obligaba a los ayuntamientos mayores de 50.000 habitantes (Ceuta superaba los 60.000) a redactar una Ordenanza especial para regular en todos sus aspectos las citadas actividades.
    El carácter universal del RAMINP –para todo el territorio nacional– no podía considerar las peculiaridades de cada municipio y, por ello, para el emplazamiento de dichas actividades, se remitía a las ordenanzas municipales y los planes urbanísticos de cada Ayuntamiento, estableciendo en todo caso –como regla general– una distancia mínima de 2.000 metros al núcleo de población agrupada más próximo para las industrias fabriles calificadas como insalubres o peligrosas, si bien admitiendo su reducción según las determinaciones de aquéllos para casos muy especiales, a condición de adoptar las medidas protectoras oportunas.
    No fue, realmente, hasta 1992 cuando Ceuta contó con un Plan General de Ordenación Urbana en el que se regularan básicamente las determinaciones vinculadas a las actividades económicas –inocuas o calificadas–.
    Por acuerdo plenario de 14-08-96, la Asamblea de la Ciudad de Ceuta aprobó definitivamente la Ordenanza Reguladora de la Disciplina Urbanística, pero no el Nomenclátor de Actividades Inocuas que constituía su Anexo 2, en el cual se clasificaban de forma sistemática según la pormenorización de usos prevista por el P.G.O.U. de Ceuta y de acuerdo con la CNAE-93, perdiéndose así la oportunidad de satisfacer una de las obligaciones de la mencionada instrucción [O. 15-03-63] con la que no se cumplió en su día.
    La profusa legislación medioambiental que se aprobó en España durante las dos últimas décadas supuso al final la completa derogación del obsoleto RAMINP en virtud de la Ley 34/2007 de calidad del aire y protección de la atmósfera, si bien con la salvedad de que “mantendrá su vigencia en aquellas comunidades y ciudades autónomas que no tengan normativa aprobada en la materia, en tanto no se dicte dicha normativa”. Este reconocimiento expreso del legislador hacia el ejercicio de la potestad normativa reglamentaria en la Ciudad Autónoma de Ceuta [art. 22.2 del Estatuto de Autonomía] no ha sido aprovechado por ésta para sustituir definitivamente dicho Reglamento y aprobar unas determinaciones propias adaptadas a las peculiaridades de nuestro territorio, teniendo en cuenta los condicionantes urbanísticos y económicos, así como los avances tecnológicos en materia de seguridad personal y ambiental. Y todo ello da como resultado que el obsoleto RAMINP siga aún vigente en Ceuta.

    Así pues, en el caso de la planta de biodiésel que nos ocupa, parece que los informes vinculantes de los servicios técnicos competentes se han ceñido a la letra de la ley y han tomado como principio ineludible la distancia mínima genérica de 2.000 metros fijada por el obsoleto RAMINP para las industrias fabriles calificadas en 1961 como insalubres o peligrosas, sin tener en cuenta nada de lo que aquí se ha mencionado y sin considerar que ni la citada ley ambiental [L 34/2007] ni el posterior texto refundido [RDL 1/2008] establecen a priori limitaciones sobre distancias o circunstancias de emplazamiento que pudieran afectar a una actividad como ésta.
    A ello habría que añadir la existencia en el demanio portuario ceutí de varias instalaciones molestas –incómodas en general–, insalubres –perjudiciales para la salud humana–, nocivas –dañinas para el medio natural– o peligrosas –susceptibles de riesgo para las personas y los bienes–, todas ellas mucho más cercanas a las viviendas circundantes, como es el caso del nuevo depósito de queroseno del helipuerto de AENA (a 200 m de las viviendas de Patio Páramo), los tanques de combustible de DUCAR II (a 160 m de las viviendas de Parque Ceuta) o la central eléctrica de ENDESA (a escasos 60 m de las viviendas de la Estación de F.C.). El primero ha sido instalado hace unos meses, los segundos se construyeron en 1986 y la última, con más de treinta años de antigüedad, fue ampliada recientemente y tiene en proyecto crecer aún más.

    Pero hay más. Cuando el promotor de esta planta industrial inició la tramitación municipal en 2007, estaba en pleno vigor la Ordenanza Reguladora de la Disciplina Urbanística de 1996, cuyo artículo 16 define la licencia de implantación, que “comprende los actos relativos al establecimiento, ampliación y modificación de actividades –inocuas o calificadas–”. Por su parte, el artículo 36 regula el contenido específico de las solicitudes de este tipo de licencias, en tanto que el artículo 66 hace lo propio con las condiciones particulares de tramitación de sus expedientes, estableciendo para el caso que nos ocupa el ‘procedimiento especial’ concretado en el artículo 45, con un plazo para dictar resolución no superior a tres meses, de acuerdo con lo previsto por el art. 42.2 de la Ley 30/1992.
    Y aunque en este plazo estaría incluido el posible trámite de evaluación de impacto ambiental, no es menos cierto que la determinación de la inviabilidad del proyecto basada en el incumplimiento de la reiterada distancia mínima se podía haber manifestado por parte de los servicios técnicos en el análisis previo del expediente –antes incluso de los informes– y no a los veinte meses de su iniciación. Es más, en la tramitación del concurso convocado por la Autoridad Portuaria de Ceuta para el “otorgamiento de una concesión de terrenos de dominio público en el Puerto de Ceuta con destino a la instalación de una Planta de Producción de Biocombustible (Biodiésel)”, la Ciudad debería haberse advertido de tal limitación para no causar la inseguridad jurídica a la que se ha llegado, con una inversión empresarial de 72 millones de euros que está a punto de irse por la borda.
    Y, al hilo de este planteamiento, queda una última pregunta: ¿qué futuro tiene la ampliación del Puerto de Ceuta –uno de los pilares básicos de la maltrecha economía ceutí–, con la brutal competencia de Tánger-Med en el negocio de contenedores, si el avituallamiento de combustible (ex-bunkering) resulta inviable dadas las dimensiones del territorio?

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