Las instituciones comunitarias -el Parlamento Europeo, la Comisión Europea y el Consejo de Ministros de la UE- ultiman hoy en una reunión informal los detalles de la legislación sobre fuentes renovables, dentro de las medidas sobre el cambio climático y energía, que esperan aprobar antes de finales de año.

La CE propuso originalmente que, en 2020, el 20% de la energía viniese de fuentes renovables y el 10% de los combustibles empleados en el transporte fuera biocarburantes, cifras que apoyó la Eurocámara, pero con muchos matices.

Los eurodiputados pidieron, entre otras cosas, que de ese 10 por ciento, un 40 por ciento tuviese que venir de fuentes más respetuosas con el medio ambiente que los biocarburantes tradicionales (por ejemplo, hidrógeno, electricidad o biocombustibles de segunda generación).

Asociaciones ecologistas han insistido hoy en que obligar a que en 2020 el 10 por ciento de los carburantes que se utilizan en la UE sean biocombustibles sólo “empeorará el cambio climático, pondrá en peligro la biodiversidad y hará más profunda la pobreza global”.

Las organizaciones ecologistas explican que las últimas sugerencias de la presidencia francesa de turno de la UE -dentro de esos contactos informales entre las tres instituciones- “no están teniendo en cuenta las advertencias científicas más recientes”, que ponen en duda el beneficio del uso de biocombustibles.

En concreto, Oxfam Internacional y Amigos de la Tierra, entre otras, han manifestado su preocupación por lo poco que Francia está teniendo en cuenta la postura del Parlamento Europeo y de algunos países de la UE con respecto al uso de terrenos originalmente dedicados a la agricultura.

Cuando se emplean tierras agrícolas para biocombustibles, se necesitan terrenos adicionales para plantar los cultivos, algo que propicia la deforestación y al final resulta más perjudicial para el medio ambiente que las emisiones procedentes de la gasolina o el diesel, explican las asociaciones ecologistas.

El representante de Oxfam, Robert Bailey, ha explicado, en un comunicado, que son los pobres del mundo los que están sufriendo más el cambio climático, cuando en realidad las verdaderas responsables son las economías ricas como las de la UE.

“Europa parece decidida a agravar esta injusticia con una política que se beneficia de los derechos territoriales y humanos y de la seguridad alimentaria de los más pobres. Esto no es de ninguna manera sostenible”, ha subrayado Bailey.