Tras varios meses de «tira y afloja» entre el PP, el PSOE y los vecinos en torno a la construcción de una planta de biodiésel en el muelle 19 del puerto de Alicante, la concejalía de Urbanismo anunció ayer que deniega la licencia de obra.

Las causas de la negativa, que constan en el documento oficial, son el exceso de altura, la carencia de autorización previa exigida por la Ley de Hidrocarburos y la ausencia de autorización para la distribución del biodiésel por tráfico rodado.

Biodiesel Alicante del Grupo Natura, por su lado, aseguró que «no hará declaraciones hasta después de las elecciones», por considerar que se trata de un juego político.

El pasado 21 de diciembre la gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Alicante suspendió la licencia de obra por encontrar ciertas irregularidades en la documentación. Entre ellas, como así consta, que la altura del proyecto es de 15 metros en la zona basamental y 20 en la central, cuando el Plan Especial del Puerto establece que el máximo sean 12 metros. Tambin, que la fábrica estaría demasiado cerca de viviendas.

Por otro lado, y según cita el informe por el que se ha denegado su construcción, el proyecto técnico de la factoría no contempla la distribución de biodiésel a través de camiones, como aduce Biodiesel Alicante, sino sólo a través de barcos, por lo que la concejalía ha entendido que si lo transportarán por tráfico rodado, carecen de dicho permiso.

En manos del Estado

De esta forma, le toca ahora al Estado decidir si darles dicho permiso o no, ya que es competencia del ministerio de Fomento. No obstante, si la mercantil rectifica la altura y consigue, de manos del Gobierno central, las autorizaciones pertinentes, el Ayuntamiento de Alicante tendrá, finalmente, que conceder la licencia, puesto que fue aprobada su concesión en terrenos portuarios por el Consejo de Administración que integran representantes del Gobierno central, del PP y del Puerto.

Biodiesel Alicante, por su lado, aseguró a ABC que «no hará declaraciones hasta después de las elecciones», por considerar que se trata de un juego político.

Dado que un informe del abogado del Estado, elaborado a petición del puerto, rechazó repetir la votación, como solicitaba la subdelegada del Gobierno, Etelvina Andreu, la concesión a la Planta por parte de la Autoridad Portuaria sigue siendo firme. Así, ante las carencias que establece Urbanismo, la última palabra la tiene el Gobierno central.
Con respecto al rechazo de la subdelegada del Gobierno, el alcalde de Alicante, Luis Díaz Alperi, recriminó al PSOE su doble rasero, y dijo no entender «por qué en Alicante la fábrica puede ser más peligrosa que en otras localidades donde gobiernan los socialistas sí que están apoyándolas».