La reciente Cumbre Europea de Lahti y la participación en ella del presidente ruso Vladimir Putin ha puesto de manifiesto, una vez más, la alarmante debilidad de la Unión Europea por su dependencia energética y por la ausencia de una política energética común .

Reducir nuestra dependencia energética garantizando el suministro sólo puede hacerse consumiendo menos petróleo y gas, y aumentando el consumo de energías renovables, porque el carbón, al menos de momento, contamina demasiado, y nuestra sociedad difícilmente aceptará incrementar el parque nuclear a corto y medio plazo.
Además, Putin, arrogantemente y sin escrúpulo alguno, ha dejado bien patente que Gazprom, el coloso energético renacionalizado, tiene la llave del abastecimiento energético de Europa y de Asia.

La doctrina que Rusia ha impuesto es muy clara: la energía es poder y, por lo tanto, no es un problema económico, sino de seguridad.

Es en este contexto en el que hay que analizar hechos como la subida del precio del petróleo de 20 a 60 dólares en los últimos tres años (con máximos de 75 dólares el pasado verano), los pobres resultados en el incremento de nuevas reservas de gas y petróleo, la escalada del precio del uranio (se ha multiplicado por siete desde 2000) o el deshielo de Groenlandia y el Polo Norte, que hace del cambio climático una amenaza demasiado inmediata. Para España, el problema es mayor porque poseemos una dependencia energética que ha llegado al 85% y la intensidad energética de nuestra economía es un 19% mayor que la media europea.

Además, el acuerdo de la argelina Sonatrach con Gazprom del pasado mes de agosto tampoco nos libra de la influencia rusa en nuestro abastecimiento de gas.

Todo ello obliga a que nuestro debate energético deje de centrarse en la elección de unas fuentes de energía contra las demás y se fije en el problema verdaderamente importante, que es la seguridad de abastecimiento.

Reducir nuestra dependencia energética garantizando el suministro sólo puede hacerse consumiendo menos petróleo y gas, y aumentando el consumo de energías renovables, porque el carbón, al menos de momento, contamina demasiado, y nuestra sociedad difícilmente aceptará incrementar el parque nuclear a corto y medio plazo.

El precio de la irradiación solar, del viento o de la biomasa no depende de Gazprom; son recursos naturales que en España son inagotables y para los que disponemos de una tecnología de explotación que estamos exportando a todo el mundo. Las energías renovables son la clave de la seguridad de abastecimiento energético para España. Sin embargo, el balance de las renovables resulta paradójico.

Según datos de la CNE, en 2003 constituyeron el 6,8% del consumo de energía primaria; en 2004 el 6,3%; y en 2005, el 5,7%. La evolución es negativa por la sequía (la producción hidráulica ha descendido un 40%) y por un incremento del consumo cuatro veces mayor que el europeo. Aunque la aportación de las renovables haya crecido más de tres millones de toneladas equivalentes de petróleo en los últimos años, todo queda anulado por un modelo energético y una economía extraordinariamente ineficientes.

El 26 de agosto de 2005, el Consejo de Ministros aprobó el Plan de Energías Renovables 2005-2010 (PER) para que, al final de la presente década, el 12% del consumo bruto de energía sea de origen renovable. Lamentablemente, el PER permanece inédito en la normativa y la regulación y es muy urgente que aparezca en las páginas del BOE. Si comparamos el esfuerzo interanual de 2005 en nueva potencia renovable instalada con lo que falta por realizar hasta 2010, nos encontramos con que todas las tecnologías deben multiplicar su ritmo de manera espectacular, destacando el enorme atraso en tecnologías clave como la biomasa, los biocarburantes y la energía solar. La biomasa debería multiplicar por 15 el esfuerzo realizado en el último año, los biocarburantes, por 10, por 7,5 la solar térmica, y la fotovoltaica, por cinco; la eólica, la más implantada, tendrá que incrementar su potencia en un 80% para pasar de los 11.000 MW actuales a 20.000 MW en 2010. En general, la nueva potencia instalada de renovables debería multilicar por siete lo realizado en 2005 para cubrir el 12% de consumo en 2010. Según el propio PER, conseguirlo significa ahorrar 77 millones de toneladas de CO2 y el 20% de las importaciones de petróleo. El valor de ambos ahorros se calculó, con el crudo bastante más barato, en 5.000 millones de euros, que es el coste que tendrían las primas que reciben las tecnologías renovables.
A este balance económico neutro entonces, y ahora, con seguridad, positivo hay que añadir la creación de más de cien mil empleos netos.

Lo que hoy dificulta en mayor medida la consecución de estos objetivos no son sólo las políticas insostenibles en las que todavía se empeñan el conjunto de las administraciones públicas: urbanismo, transporte, infraestructuras, fiscalidad ambientalà, sino también la incertidumbre en que se hallan las renovables por la falta de desarrollo del PER y porque su cumplimiento se basa en la inversión privada de 23.500 millones de euros que no se va a realizar por culpa del riesgo regulatorio creado por el RDL 7/2006, de 24 de junio. Esta norma ha introducido retroactividad y una inseguridad jurídica que no es, precisamente, la señal que esperan los inversores y financiadores de las renovables.

El desarrollo de las renovables está en este momento plagado de incertidumbres, e incluso de prejuicios, y ninguna actividad económica y financiera puede avanzar sin reglas de juego claras a medio y largo plazo. ¿A nadie se le ocurre que el futuro de la agricultura española puede depender de los cultivos energéticos que aprovechan varias tecnologías renovables? ¿Nadie piensa que la tecnología solar puede ahorrar hasta el 70% de la energía en la edificación? ¿O que las emisiones del transporte sólo disminuirán con biocarburantes? ¿O que la eólica ya contribuye a gestionar mejor las puntas de mayor consumo de energía? Hay que dar un marco de rentabilidad estable a las renovables, pendiente desde hace dos años y medio. Es preciso hacer una nueva Planificación Energética que incluya la eficiencia, las renovables, la gestión de la demanda y los imperativos ambientales que se dejaron fuera en 2002. Es necesaria una política fiscal que incentive el ahorro de energía y el consumo de renovables. Y es urgente una Ley d
e Renovables que las sitúe como parte significativa del sistema energético, refundiendo y armonizando toda la normativa técnica y económica, así como la nutrida legislación autonómica, y que refleje el apoyo del Estado a su desarrollo.

Las energías renovables son necesarias y rentables para el país y constituyen la tecnología más solidaria con las futuras generaciones.

No perdamos más tiempo, porque nuestra prospectiva energética ya la han hecho Putin y Gazprom, y ahora es el momento de la voluntad y de la decisión política.

Fuente: Expansión